El 11 de septiembre y algunas disonancias entre nuestros discursos y nuestras acciones: La formación ciudadana en nuestro sistema nacional de educación en el marco de las reformas

Las palabras del diputado UDI Ignacio Urrutia en el Congreso Nacional el día 10 de Septiembre no pueden dejarnos indiferentes. En el marco de la discusión sobre dar el bono reparatorio a víctimas de prisión política y tortura, Urrutia intervino señalando que estas víctimas en realidad son terroristas, y que los verdaderos héroes están en Punta Peuco. Sus declaraciones son graves no sólo porque evidencian que hay un Chile que sigue justificando el golpe cívico-militar con la violencia y atropello a los Derechos fundamentales que ello significó, sino además porque dan cuenta de cuán explícito tiene que mostrarse el conservadurismo y la defensa de un ejercicio de poder jerárquico y opresivo, para que reaccionemos y nos escandalicemos ante tan evidente prepotencia. ¿Por qué el conservadurismo tiene que ser tan evidente para que lo veamos? ¿Acaso no vivimos, veladamente, en relaciones que se basan en una desigual distribución de poder, en las que, si estamos del lado desfavorable, no nos queda más que someternos, resignarnos y adaptarnos, y, si estamos en el lado privilegiado, aprovechamos? ¿Acaso no es cotidiana la prepotencia que reflejan las palabras del diputado, sólo que se manifiesta en términos velados, implícitos, escondidos en esas lógicas de relación casi inconscientes que aprendimos al crecer en esta cultura social y que reforzamos día a día de tanto repetirlas y naturalizarlas bajo el supuesto ejercicio de una libertad individual? Sin duda, la actitud del diputado es anacrónica. No porque la postura de fondo lo sea, sino porque en estos tiempos no es necesario ser tan explícito para defender un orden social opresor, jerárquico, conservador. Contamos con medios mucho más efectivos y sutiles que un discurso acalorado para que las personas nos convenzamos de que la única forma de ser sociedad es sometiéndonos al orden establecido. Hay una industria cultural que nos aliena, y un sistema educativo que, muchas veces, desde su pretensión de neutralidad forma a nuestros niños, niñas y jóvenes para naturalizar las relaciones jerárquicas, poco participativas y poco reflexivas. Ya no es necesario reprimir explícitamente cuando hay dispositivos velados y efectivos que refuerzan la Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 2 adaptación y resignación de las personas, las que incluso terminan justificando esa opresión aun cuando las perjudique a sí mismas, y defendiendo el darwinismo social sólo como una cuestión que se puede resolver a punta de esfuerzo personal en lugar de leer la injusticia social como resultado de cuestiones más profundas y estructurales. Lo más grave de estos dispositivos de transmisión cultural como lo son la industria cultural y la escuela, además de alienarnos y hacernos defender -sin querer muchas veces- el orden establecido, es que (de)forman nuestra dimensión moral también sutilmente, haciéndonos valorar ciertas cosas sin siquiera darnos cuenta, creyendo que valoramos otras, disociando así nuestro discurso de nuestra forma de ser. Parece que hemos aprendido a mirar la sociedad como espectadores pasivos, sin un papel que cumplir para transformar aquello que reclamamos. Reclamamos justicia pero no reflexionamos sobre cuán justas son nuestras acciones. Reclamamos abuso de poder por parte de las instituciones o del mismo Estado a través del golpe, pero no miramos críticamente cuánto abuso de poder hacemos desde las posiciones que ocupamos. No nos damos cuenta de que el Golpe de Estado y el atropello a los Derechos Humanos se han convertido casi en un estereotipo que repetimos como consigna, no pensada ni sentida en profundidad…sin darnos cuenta de que la prepotencia y el abuso es algo que sufrimos a diario, o que incluso ejercemos cotidianamente. Es por ello que parece insuficiente nuestra preocupación como sociedad sobre las palabras del diputado Urrutia y el deseo de “nunca más” al atropello de los Derechos Humanos: insuficiente porque no identificamos que el problema de fondo, además del atropello explícito -golpe de Estado, tortura, desaparición de personas- es aquel atropello que sufrimos, ejercemos y defendemos al naturalizar nuestras lógicas de relación como válidas o, peor aún, como las únicas posibles. Parece ser que el problema tiene que ver con la falta de conciencia, con la disociación de nuestros discursos respecto de nuestras acciones, con la falta de elementos que nos permitan visibilizar las habilidades reflexivas y la personalidad moral fortalecida que necesitamos. Difícil escenario se nos presenta al ver que tenemos instituciones que refuerzan esta falta de conciencia, consecuencia y sensibilidad. No podemos hacer mucho como ciudadanos individuales para cambiar una industria cultural cuyos propósitos no son precisamente cambiar el orden de las cosas, pero sí podemos reclamarlo a la escuela, en tanto en ella descansa la responsabilidad de educar a nuestros niños, niñas y jóvenes. La escuela en este sentido tiene una responsabilidad ineludible. Dentro de este marco, los adultos responsables en la formación de personas podemos preguntarnos, ¿tenemos conciencia sobre la responsabilidad personal que tenemos en la transformación del orden de las cosas que muchas veces reclamamos, en lugar de sólo exigirles a otros que cambien las cosas? ¿Hacemos, desde nuestra práctica diaria, un ejercicio de poder justo para que quienes se forman desde nuestro quehacer docente se sientan con derecho a disentir, a proponer, a opinar, a construir un nosotros compartido? ¿Tenemos conciencia sobre Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 3 la responsabilidad que nos cabe en la repetición de formas de relación jerárquicas, acomodaticias, a partir del trabajo que desempeñamos en nuestras aulas? ¿Tenemos conciencia de cómo promovemos la cultura de la sumisión, la resignación y la hipocresía, a partir del trato que tenemos con otros que tienen menor poder que nosotros, y del abuso que podemos estar ejerciendo aun involuntariamente? El papel de nuestro sistema educativo en nuestra formación no sólo cognitiva, sino también moral y política sería un camino para enfrentar estas disonancias entre nuestros discursos y nuestras prácticas, al desarrollar nuestro nivel de conciencia y comprensión sobre la sociedad en la que vivimos, comprometernos con su construcción y hacernos responsables del papel que desempeñamos en construirla. Para ello es importante recordar que la escuela es una institución que transmite permanentemente mensajes implícitos que se absorben inconscientemente, aun cuando lo que se declara formalmente a través de sus discursos –el proyecto educativo, por ejemplo- nos habla de otra cosa, incluso opuesta a lo que se ve a nivel de relaciones humanas cotidianas. Ello quiere decir que la cultura escolar transmite ciertos valores en los niños, niñas y jóvenes que están inmersos en ella. Pero también lo hace en tanto canal de la política educativa a través de la selección y organización de los saberes que han de transmitirse, desde una racionalidad técnica que fomenta valores relacionados con lo útil por sobre aquellos relacionados con lo bueno. Así, parece que interiorizamos la utilidad, la eficiencia, la eficacia y el rendimiento como lo más importante a la hora de evaluar asuntos cotidianos, lo que deja nuestra formación moral en un segundo plano y casi relegada a la espontaneidad, o a lo más, a la transmisión de una moralina que poco impacta en la formación de la personalidad moral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Las reformas a la educación que se están discutiendo son una gran oportunidad para enfrentar la necesidad evidente de desarrollar una calidad moral sólida en nuestra sociedad. No sólo por esta inconsecuencia en la que solemos incurrir como sujetos comunes y corrientes, sino también por los abusos explícitos que vemos recurrentemente –desde las palabras del diputado Urrutia hasta los numerosos casos de corrupción de la clase política chilena que dieron origen a la Comisión Engel. Lamentablemente las reformas que se están discutiendo no abordan con fuerza esta preocupación, pues no terminan del todo con las lógicas de mercado del sistema educativo, ni privilegian una formación inicial y continua de profesores que valore su capacidad de formar lo ético y lo político en los futuros ciudadanos. Las condiciones para recuperar la función social de la educación requieren un modelo educativo con otras bases, que favorezca la creación de una comunidad educativa y no que haga recaer la responsabilidad de una educación de calidad sólo en la figura del profesor, porque ello impacta en que trabaje individualmente y poniendo el foco en logro de aprendizajes de orden académico señalados en el currículum nacional. Para una Cuaderno de Educación Nº 68, octubre de 2015 4 escuela que lleve a cabo su función social se requieren condiciones para que el trabajo del profesor sea un trabajo de creación y reflexión, no de administrador eficiente de saberes seleccionados y organizados por otros. A actuar, sentirse responsable, sentirse parte, se aprende. A sensibilizarse con lo cotidiano e indignarse con la injusticia –y no sólo con hechos históricos o de salidas de madre como la del diputado Urrutia, que pueden transformarse en estereotipos- también. Y por supuesto, también se aprende a reflexionar sobre el propio actuar para cuidar la consistencia entre lo que se dice que se piensa y lo que verdaderamente creemos en un nivel muchas veces inconsciente y que finalmente orienta nuestro actuar. Desarrollar la capacidad reflexiva sobre lo ético y no sólo en el plano técnico nos abrirá la esperanza de cambiar una cultura social jerárquica en la que parece que la única forma de inserción posible es adaptándose y resignándose, en lugar de abrir espacios para su construcción y transformación. No basta con las propuestas del Ministerio para abordar esta preocupación si ellas van en paralelo con políticas que las tensionan y las dejan en un segundo plano. Si las escuelas siguen siendo evaluadas por el resultado en pruebas estandarizadas de algunas áreas del currículum nacional, entonces la preocupación de las instituciones educativas será por aquello y no por la calidad moral que los estudiantes están desarrollando al estar en ellas, por mucho que les importe. Para que de verdad se cumpla el “nunca más”, y no sólo veamos la prepotencia en actos explícitos como el del diputado Urrutia, necesitamos de un compromiso serio de la política educativa de no poner en tensión el ámbito formativo con el académico, y de propiciar la formación inicial y continua de profesores visibilizando su labor formativa y no sólo instructiva. Una labor formativa que comprenda que formar ciudadanos comprometidos, vigilantes atentos de la injusticia y el atropello a los derechos de las personas, requiere entender que la formación ciudadana debe ser una prioridad de nuestro sistema educativo. Aún tenemos mucho que avanzar en ello.

La restauración de la asignatura de Educación Cívica: Desafíos al sistema educativo chileno para avanzar en un cambio cultural (Cuadernos de Educación Facultad de Educación UAH, Cuaderno N°65, Mayo 2015)

La serie de medidas para transparentar la política señaladas por la Presidenta de la República por cadena nacional, como resultado y respuesta al informe de la comisión Engel, es relevante no sólo porque es contundente y drástica, sino porque reconoce que la transformación más importante que debemos emprender como país descansa en una educación que fortalezca valores y actitudes acordes a una sociedad que se relacione desde el respeto, la confianza y el sentido de justicia. Señalar que las normas legales no son suficientes si además no se fortalecen las normas éticas con las que debiéramos conducirnos los ciudadanos, participemos o no en esferas de decisión públicas, recupera, a mi juicio, una cuestión fundamental de la que el sistema educativo actual parece no saber o no poder hacerse cargo: superar su función meramente instructiva y dar paso a lógicas formativas, integrales, que consideren la dimensión ética del ser humano y no sólo la cognitivo académica. En una escuela tensionada por demandas valóricas a la vez que instrumentales, sabemos que lamentablemente esta tensión se resuelve a favor de las últimas en tanto las escuelas funcionan en un escenario de libre mercado que les exige mostrar resultados para ser atractivas a la demanda y así poder sobrevivir. Las palabras de la presidenta son relevantes porque dar un lugar central a la educación cívica reconoce la importancia de que la escuela oriente la formación hacia un modelo de ser humano que reconozca una dimensión ciudadana y no sólo funcional al escenario neoliberal en el que se desarrolla nuestra vida en sociedad. En este sentido, el anuncio de la Presidenta constituye un desafío para el sistema educativo en su totalidad. Revisemos algunos puntos que hacen de esta medida una oportunidad que hay que recoger con cautela, dado el escenario neoliberal en el que está inserto el sistema educativo. En primer lugar, los Objetivos Fundamentales Transversales planteados en las Bases Curriculares que orientan la educación chilena ya han señalado, desde hace larga data, que debe atenderse el desarrollo ético de la persona. En este sentido, el anuncio de la Presidenta no constituye una preocupación nueva, por lo que hay que ser cuidadosos en creer que su anuncio significará un cambio profundo en la formación escolar. Si bien el sistema educativo parece estar exigido a cumplir con los OFT o, de acuerdo a los nuevos términos en palabras de la Presidenta, a dar un “lugar central a la educación cívica, en valores y actitudes, a lo largo de la formación escolar”, exigiendo a las escuelas “tener un programa sólido y explícito en formación cívica”, dicha exigencia no significará un cambio concreto si los criterios con los que se entiende y evalúa una educación de calidad se limita, en la práctica, sólo a medir resultados en ámbitos académicos de unas pocas áreas del currículum a través de la prueba SIMCE. Si la escuela está demandada, por una parte, a desarrollar una labor formativa integral en el ámbito ético, pero sólo es evaluada por su función académica, es obvio que la escuela dirigirá sus esfuerzos a salir bien evaluada en este último ámbito, entendiendo que de ello depende atraer matrícula, en un escenario neoliberal que la hace competir para poder sobrevivir. Así, al igual que los OFT, el anuncio de la Presidenta puede quedar sólo como una declaración de buenas intenciones se no se acompaña de cambios adicionales que actualmente tensionan la orientación de la formación escolar. En segundo lugar, aun cuando se instaure la asignatura de educación cívica, no podemos creer que ello vaya a significar un cambio sustancial en el modelo de ciudadanía que se desarrolle en la escuela si no va acompañado de prácticas pedagógicas que den lugar al aprendizaje de una convivencia democrática en las demás áreas del currículum, pues no debiera ser exclusivo de la clase de ciudadanía el tener un espacio para poder participar y reflexionar con los demás, dar opiniones y decidir en conjunto sobre aquellos aspectos sobre los que se pueda decidir. En este sentido, la escuela en su conjunto, tanto en los espacios de clases como en los espacios extracurriculares, debiera ser una oportunidad para experienciar una convivencia democrática. En este sentido el desafío no sólo afecta a la asignatura de educación cívica que se instaure, sino que a quienes enseñan y gestionan en la escuela, toda vez que tienen la oportunidad de modelar estilos de conducción que abran posibilidades de distribuir el poder para aprender el ejercicio de una libertad responsable, generando así una cultura escolar que en el ámbito moral contribuya a fortalecer la dimensión ética de sus miembros. Este último desafío interpela un tercer punto, también señalado por la presidenta: dar lugar a la formación cívica no sólo en las escuelas sino también en universidades y centros de formación técnica. Quisiera aquí sugerir un aspecto no señalado por la presidenta pero puede proponerse: suponer una escuela preparada para educar a sus miembros en una cultura democrática, tal cual señalamos en el párrafo anterior, supone previamente desafíos curriculares y pedagógicos en la formación de profesores: hacer de la experiencia formativa una preparación no sólo en el ámbito disciplinar y didáctico, sino que además en el ámbito ciudadano, entendiéndose no sólo como ciudadano en su vida civil, sino que en su rol docente, es decir, como alguien que, independiente de la asignatura que enseñe, desde sus prácticas pedagógicas está influyendo en la formación de un determinado tipo de ciudadano, según sean las decisiones pedagógicas que tome y dan lugar a ciertas formas de relación, participación y reflexión en el aula. El desafío de la formación inicial de profesores demanda entonces que los formadores de profesores sean también entes que conviertan sus aulas en espacios cuyas lógicas de relación fortalezcan la convivencia democrática. Desafío no menor en una cultura universitaria muchas veces dominada por el paradigma de que para hacer clases hay que ser experto en la disciplina que dicta, pasando por alto lo que enseña desde un currículum oculto. Así, el anuncio de la presidenta constituye un desafío: plantearnos seriamente la necesidad de transformar nuestra cultura social a partir de un cambio en la cultura escolar. Ello demandará un trabajo en conjunto del sistema escolar que nos invita, a quienes tenemos incidencia en procesos formales de transmisión cultural, a transformar nuestro propio ejercicio del poder y convertir la relación humana en los espacios escolares y universitarios en una oportunidad de empoderarnos mutuamente, fortaleciendo la autonomía de las personas en pos de una sociedad más preparada para conducir su destino. Esto último es un norte ambicioso, que cruza el ámbito político y el ético, pero hacia el cual vale la pena avanzar si queremos tener una sociedad que se oriente por lógicas de confianza y cooperación, en lugar de la sospecha y el aprovechamiento particular, como hemos visto penosamente en el último tiempo.