La restauración de la asignatura de Educación Cívica: Desafíos al sistema educativo chileno para avanzar en un cambio cultural (Cuadernos de Educación Facultad de Educación UAH, Cuaderno N°65, Mayo 2015)

La serie de medidas para transparentar la política señaladas por la Presidenta de la República por cadena nacional, como resultado y respuesta al informe de la comisión Engel, es relevante no sólo porque es contundente y drástica, sino porque reconoce que la transformación más importante que debemos emprender como país descansa en una educación que fortalezca valores y actitudes acordes a una sociedad que se relacione desde el respeto, la confianza y el sentido de justicia. Señalar que las normas legales no son suficientes si además no se fortalecen las normas éticas con las que debiéramos conducirnos los ciudadanos, participemos o no en esferas de decisión públicas, recupera, a mi juicio, una cuestión fundamental de la que el sistema educativo actual parece no saber o no poder hacerse cargo: superar su función meramente instructiva y dar paso a lógicas formativas, integrales, que consideren la dimensión ética del ser humano y no sólo la cognitivo académica. En una escuela tensionada por demandas valóricas a la vez que instrumentales, sabemos que lamentablemente esta tensión se resuelve a favor de las últimas en tanto las escuelas funcionan en un escenario de libre mercado que les exige mostrar resultados para ser atractivas a la demanda y así poder sobrevivir. Las palabras de la presidenta son relevantes porque dar un lugar central a la educación cívica reconoce la importancia de que la escuela oriente la formación hacia un modelo de ser humano que reconozca una dimensión ciudadana y no sólo funcional al escenario neoliberal en el que se desarrolla nuestra vida en sociedad. En este sentido, el anuncio de la Presidenta constituye un desafío para el sistema educativo en su totalidad. Revisemos algunos puntos que hacen de esta medida una oportunidad que hay que recoger con cautela, dado el escenario neoliberal en el que está inserto el sistema educativo. En primer lugar, los Objetivos Fundamentales Transversales planteados en las Bases Curriculares que orientan la educación chilena ya han señalado, desde hace larga data, que debe atenderse el desarrollo ético de la persona. En este sentido, el anuncio de la Presidenta no constituye una preocupación nueva, por lo que hay que ser cuidadosos en creer que su anuncio significará un cambio profundo en la formación escolar. Si bien el sistema educativo parece estar exigido a cumplir con los OFT o, de acuerdo a los nuevos términos en palabras de la Presidenta, a dar un “lugar central a la educación cívica, en valores y actitudes, a lo largo de la formación escolar”, exigiendo a las escuelas “tener un programa sólido y explícito en formación cívica”, dicha exigencia no significará un cambio concreto si los criterios con los que se entiende y evalúa una educación de calidad se limita, en la práctica, sólo a medir resultados en ámbitos académicos de unas pocas áreas del currículum a través de la prueba SIMCE. Si la escuela está demandada, por una parte, a desarrollar una labor formativa integral en el ámbito ético, pero sólo es evaluada por su función académica, es obvio que la escuela dirigirá sus esfuerzos a salir bien evaluada en este último ámbito, entendiendo que de ello depende atraer matrícula, en un escenario neoliberal que la hace competir para poder sobrevivir. Así, al igual que los OFT, el anuncio de la Presidenta puede quedar sólo como una declaración de buenas intenciones se no se acompaña de cambios adicionales que actualmente tensionan la orientación de la formación escolar. En segundo lugar, aun cuando se instaure la asignatura de educación cívica, no podemos creer que ello vaya a significar un cambio sustancial en el modelo de ciudadanía que se desarrolle en la escuela si no va acompañado de prácticas pedagógicas que den lugar al aprendizaje de una convivencia democrática en las demás áreas del currículum, pues no debiera ser exclusivo de la clase de ciudadanía el tener un espacio para poder participar y reflexionar con los demás, dar opiniones y decidir en conjunto sobre aquellos aspectos sobre los que se pueda decidir. En este sentido, la escuela en su conjunto, tanto en los espacios de clases como en los espacios extracurriculares, debiera ser una oportunidad para experienciar una convivencia democrática. En este sentido el desafío no sólo afecta a la asignatura de educación cívica que se instaure, sino que a quienes enseñan y gestionan en la escuela, toda vez que tienen la oportunidad de modelar estilos de conducción que abran posibilidades de distribuir el poder para aprender el ejercicio de una libertad responsable, generando así una cultura escolar que en el ámbito moral contribuya a fortalecer la dimensión ética de sus miembros. Este último desafío interpela un tercer punto, también señalado por la presidenta: dar lugar a la formación cívica no sólo en las escuelas sino también en universidades y centros de formación técnica. Quisiera aquí sugerir un aspecto no señalado por la presidenta pero puede proponerse: suponer una escuela preparada para educar a sus miembros en una cultura democrática, tal cual señalamos en el párrafo anterior, supone previamente desafíos curriculares y pedagógicos en la formación de profesores: hacer de la experiencia formativa una preparación no sólo en el ámbito disciplinar y didáctico, sino que además en el ámbito ciudadano, entendiéndose no sólo como ciudadano en su vida civil, sino que en su rol docente, es decir, como alguien que, independiente de la asignatura que enseñe, desde sus prácticas pedagógicas está influyendo en la formación de un determinado tipo de ciudadano, según sean las decisiones pedagógicas que tome y dan lugar a ciertas formas de relación, participación y reflexión en el aula. El desafío de la formación inicial de profesores demanda entonces que los formadores de profesores sean también entes que conviertan sus aulas en espacios cuyas lógicas de relación fortalezcan la convivencia democrática. Desafío no menor en una cultura universitaria muchas veces dominada por el paradigma de que para hacer clases hay que ser experto en la disciplina que dicta, pasando por alto lo que enseña desde un currículum oculto. Así, el anuncio de la presidenta constituye un desafío: plantearnos seriamente la necesidad de transformar nuestra cultura social a partir de un cambio en la cultura escolar. Ello demandará un trabajo en conjunto del sistema escolar que nos invita, a quienes tenemos incidencia en procesos formales de transmisión cultural, a transformar nuestro propio ejercicio del poder y convertir la relación humana en los espacios escolares y universitarios en una oportunidad de empoderarnos mutuamente, fortaleciendo la autonomía de las personas en pos de una sociedad más preparada para conducir su destino. Esto último es un norte ambicioso, que cruza el ámbito político y el ético, pero hacia el cual vale la pena avanzar si queremos tener una sociedad que se oriente por lógicas de confianza y cooperación, en lugar de la sospecha y el aprovechamiento particular, como hemos visto penosamente en el último tiempo.